Cuando la Comisión Europea adoptó su propuesta de Reglamento sobre la intimidad y las comunicaciones electrónicas en 2017, seguramente no se imaginaba el conflicto que iba a generar. Más conocida como Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, la legislación propuesta tiene el objetivo de actualizar la protección del derecho fundamental de los ciudadanos de la UE a la privacidad y la confidencialidad en el uso de las redes de comunicación públicas. Está previsto que entre finalmente en vigor el 21 de diciembre.
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