Los retos de la transición digital son complejos y abarcan todo tipo de áreas: desde la defensa de los valores democráticos hasta los aspectos puramente legales, sin olvidar la libre competencia, la defensa frente al ciberterrorismo o la protección de datos. Consecuentemente, varias instituciones europeas son las responsables, en mayor o menor medida, de diseñar una respuesta europea proactiva, sin perder paso frente a Estados Unidos y China y manteniendo los estándares que han hecho de la Unión Europea una herramienta de progreso para más de 440 millones de ciudadanos.
Mientras el Consejo Europeo se centra en la negociación del presupuesto de la UE para el periodo 2021-2027, el liderazgo en la Transición Digital lo ejerce notoriamente la Comisión Europea. El equipo liderado por Ursula Von der Leyen, que empezó su mandato en diciembre de 2019, acaba de hacer públicos dos documentos básicos en lo referente a la digitalización: la Estrategia Europea de Datos y el Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial (AI).
En el primero, pone las bases para la creación de un espacio único europeo para la circulación de los datos y abre la puerta a posibilidad de obligar a las compañías tecnológicas más grandes a compartir datos con terceros, tal como ocurre, por ejemplo, en el sector de los pagos desde la entrada en vigor de la segunda Payments Service Directive.
Con el Libro Blanco sobre AI, la Comisión Europea marca una línea clara entre aquellos sectores más sensibles, como la salud, la seguridad y el transporte, que serán mirados con lupa, y otras áreas donde una normativa estricta resulta innecesaria.
Von der Leyen es una de las caras visibles de este esfuerzo de la UE por marcar su propia camino en la economía del data, pero hay más nombres en la Comisión a tener en cuenta. Como los de Margrethe Vestager, comisaria europea de Competencia, Věra Jourová, vicepresidenta de Valores y Transparencia , Thierry Breton, comisario del Mercado Interior (y con una amplia experiencia de primer nivel en compañías tecnológicas y de telecomunicaciones) y Didier Reynders, comisario europeo de Justicia.
Los asuntos de la Transición Digital son también objeto de debate y decisiones en el Parlamento Europeo, que aprobó este mismo mes de febrero una resolución sobre inteligencia artificial, mostrando su preocupación ante los riesgos para la protección de los consumidores que pueden suponer los procesos de automatización de decisiones mediante algoritmos. El Parlamento pedía a la Comisión que aclare cómo garantizar que los consumidores estén protegidos ante prácticas comerciales desleales o discriminatorias.
El Comité Europeo de Protección de Datos advierte a Google sobre la privacidad del usuario
En este apartado del defensa del consumidor, y dado el modelo de negocio de las grandes plataformas tecnológicas, tiene especial importancia todo lo referido a la protección de datos. En el caso de la UE, esa área es responsabilidad del supervisor europeo de protección de datos (cargo que ocupa, desde diciembre y por un periodo de cinco años, el jurista Wojciech Wiewiórowski) y del Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD). El CEPD fue creado en 2018 con el objetivo de garantizar que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Directiva sobre protección de datos en el ámbito penal se apliquen de manera coherente en toda la UE, así como en Noruega, Liechtenstein e Islandia .
Un buen ejemplo de la labor de este último organismo es su reciente advertencia a Google acerca de la compra del fabricante de ‘wearables’ Fitbit, cuyos aparatos monitorizan el rendimiento deportivo, y otros datos como las horas de sueño y la localización, de sus 28 millones de usuarios activos. El EDPB ha advertido a la plataforma de datos que tendrá que tomar medidas para mitigar los riesgos para la privacidad de los usuarios que supone esta adquisición, si es que quiere obtener el visto bueno de las autoridades.
El CEPD, que asesora en la aplicación de las normas sobre protección de datos a la Comisión, es muy claro: la combinación y acumulación de los datos de Fitbit junto a los de Google “podría entrañar un alto riesgo para los derechos fundamentales a la intimidad y a la protección de los datos personales”.
