Este miércoles 19 la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von de Leyen, ha cumplido una de las promesas que hizo al llegar al cargo: publicar en los primeros cien días de su mandato un Libro Blanco sobre la Inteligencia Artificial (AI). Con este texto, abierto a consulta pública hasta el próximo 19 de mayo, la Unión Europea clarifica sus líneas maestras ante uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo: sacar el mayor partido posible de la Inteligencia Artificial sin dejar atrás a nadie ni dañar las libertades y derechos civiles.
La Comisión parte del convencimiento de que los 27 pueden ocupar una posición de liderazgo en el desarrollo de la AI, compitiendo con las dos superpotencias de esta tecnología, China y Estados Unidos. Para recuperar la desventaja acumulada por la UE, Bruselas aspira a movilizar una inversión público-privada de 20.000 millones en la próxima década. Pero no se trata solo de economía. El objetivo, dijo Von de Leyen en la presentación del Libro Blanco, que se realizó de forma conjunta con la Estrategia Europea de Datos, es que “la Europa digital refleje lo mejor de nuestro continente: la apertura, la equidad, la diversidad, la democracia y la confianza”.
Dos grupos para conjugar crecimiento con seguridad
Más allá de las declaraciones genéricas, el esquema de trabajo de la Comisión respecto a la Inteligencia Artificial se fundamenta en una gran división: los sectores más sensibles y aquellos de riesgo menor. El objetivo es elaborar “normas claras que aborden los sistemas de AI con un elevado nivel de riesgo sin suponer una excesiva carga para los que entrañan unos riesgos menores”.
En el primer grupo, los sectores sensibles, se incluyen todos aquellos usos de la Inteligencia Artificial en los ámbitos de la salud, la seguridad y el transporte, como los futuros vehículos autónomos. En esos casos, la Comisión exigirá que los usos de la AI sean transparentes y trazables, e incluyan verificación humana. “Las autoridades deben poder probar y certificar los datos utilizados por los algoritmos, como actualmente hacen con los cosméticos, los turismos o los juguetes”, dice el Ejecutivo comunitario, preocupado por garantizar “el respeto de los derechos fundamentales, en particular la no discriminación”.
No obstante, la Comisión parece haber suavizado sus premisas respecto a las tecnologías de reconocimiento facial y su aplicación cruzada con la AI. Tras poner sobre la mesa una moratoria de cinco años en su utilización -hasta clarificar las implicaciones éticas y sobre la privacidad del uso de estas técnicas-, finalmente el libro blanco solo recuerda que el uso del reconocimiento facial solo se admite en circunstancias excepcionales.
Las exigencias para el uso de la AI en sectores menos sensibles son más laxas, si bien la Comisión advierte de que “las estrictas normas de la UE en materia de protección de consumidores, que abordan las prácticas comerciales desleales y protegen los datos personales y la privacidad, siguen siendo aplicables”.
La Asociación Europea para la Transición Digital aplaude todas las iniciativas que permitan a la UE marcar su propio camino ante la digitalización económica y social, abandonando la actitud pasiva que, lamentablemente, ha venido teniendo. Puede que estos trabajos lleguen algo tarde, pequen de falta de concreción y carezcan del necesario impulso financiero, pero al menos este libro blanco demuestra que el paso fundamental está dado: Europa por fin ha despertado y quiere marcar su propio camino en el desarrollo de la Inteligencia Artificial.
