En un entorno digital sin apenas reglas claras, la infancia se ha convertido en el eslabón más débil. El informe ‘Redes que atrapan’, elaborado por Save the Children con la colaboración de la Asociación Europea para la Transición Digital (AETD), lo deja claro: los delitos de explotación y violencia sexual contra menores se han trasladado con fuerza al mundo online. Y lo han hecho en un ecosistema que no solo no los frena, sino que a menudo los amplifica.
Uno de los datos más alarmantes que recoge el estudio es que el 94 % de las víctimas de violencia sexual en línea son niñas. Y, aún más grave, más de la mitad tiene entre 13 y 15 años. Una franja de edad que coincide con el inicio del uso intensivo de redes sociales y mensajería instantánea, sin apenas mediación ni protección adulta.
El informe alerta de que niñas, niños y adolescentes están siendo víctimas de ‘grooming’, ‘sextorsión’, coacciones y difusión de material íntimo en un espacio digital donde apenas hay límites, responsabilidades ni supervisión. Todo ello ocurre mientras las grandes plataformas tecnológicas siguen operando sin rendir cuentas, y las normas existentes se muestran obsoletas, difusas o simplemente inaplicables.
El tiempo de la autocomplacencia ha terminado. No basta con apelar a la autorregulación de las plataformas ni con responsabilizar únicamente a las familias. La protección de la infancia en el entorno digital debe ser una política de Estado y una prioridad legislativa.
Desde la AETD hemos querido aportar a este informe una visión experta sobre el ecosistema digital y su profunda asimetría: frente a usuarios cada vez más jóvenes y vulnerables, operan empresas con una capacidad tecnológica y económica descomunal, cuyo modelo de negocio se basa muchas veces en la maximización del tiempo de exposición, aunque ello suponga exponer a los menores a contenidos nocivos, adictivos o directamente delictivos.
La regulación es urgente, posible y necesaria. España ya ha dado pasos con la creación de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial y con el debate sobre la Ley de Protección de Menores en Entornos Digitales. Pero el ritmo legislativo sigue siendo insuficiente frente a la velocidad de los riesgos. Necesitamos normas claras, aplicables, con mecanismos de control y sanción efectivos, y un marco que exija a las plataformas responsabilidad proactiva en la protección de los menores.
Además, urge reforzar la educación digital en los centros escolares, aumentar la formación de familias y profesionales, y dotar a los cuerpos de seguridad y a la judicatura de recursos específicos para investigar los delitos en línea contra menores.
El mensaje es claro: la infancia no puede esperar. Protegerla en el mundo digital no es solo una cuestión de derechos, es una obligación legal, ética y democrática.
