El pasado mes de junio, seis entidades de la sociedad civil -la Asociación Europea para la Transición Digital, AETD, promotora de la iniciativa; Unicef, Save The Children, Dale una vuelta, iCMedia y la Fundación Anar- presentaron, con el apoyo institucional de la Agencia Española de Protección de Datos, una propuesta de Pacto de Estado para proteger a los menores en el ámbito digital.
El acuerdo, que consta de quince medidas, trata de responder a fenómenos como el ciberacoso, el acceso a contenidos inapropiados, especialmente pornográficos, el impacto en la salud mental de la exposición a las redes sociales o la mercantilización de los datos de niños y adolescentes, en menoscabo de su privacidad. Se presentó públicamente en el Ateneo de Madrid, y desde ese momento se abrió un periodo de adhesiones a todo tipo de entidades y asociaciones de la sociedad civil, con un excelente resultado: han firmado el pacto más de 130 entidades.
La iniciativa se enmarcaba en un momento muy concreto de la situación política en España: la precampaña de unas elecciones generales que darían lugar a una nueva legislatura. Cuatro meses después, y tras un resultado electoral muy ajustado, aun no hay seguridad de que el nuevo Parlamento eche a andar, y, por consiguiente, desarrolle su capacidad normativa. Mientras tanto, las entidades sociales siguen trabajando para tratar de combatir estos problemas, buscando alianzas y soluciones ante fenómenos enormemente complejos.
En este contexto se enmarcó la mesa redonda ‘Necesitamos que los menores tengan una vida digital más sana: el papel de las fundaciones”, que la AETD organizó el pasado 6 de octubre.
El acto, presentado por Francisca Sauquillo, presidenta de la sección de Derechos Civiles del Ateneo de Madrid y moderado por el periodista Tomás López Morales, contó con la participación de Ana Caballero, vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital; Beatriz Martín Padura, directora general de Fundación FAD Juventud; Luisa Alli, secretaria general de la Fundación Instituto Hermes; Susana Gato, directora adjunta de la Fundación Atresmedia; María Luisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres e Isabel Peñalosa, directora de Relaciones Institucionales de la Asociación Española de Fundaciones.
Las ponentes coincidieron en la importancia de actuar en varios frentes; el político y regulatorio es solo uno más. Pero mientras que Martín Padura enfatizó la importancia de que profesores y especialmente padres guíen el comportamiento online de niños y adolescentes, evitando enfoques “adultocéntricos”, otras de las ponentes, como Caballero, enfatizaron la necesidad de exigir responsabilidades a las propias empresas proveedoras de contenidos y servicios por internet.
En esta línea, Alli, del Instituto Hermes, incidió en la lectura más geopolítica de la digitalización: “No es que Europa se esté quedando atrás, sino que trata de construir otro modelo, frente a una jungla en la que el beneficio económico está por encima de los derechos ciudadanos”, afirmó.
Un problema que no entiende de clases sociales
Por su parte, Isabel Peñalosa, con la visión conjunta que da conocer a fondo el trabajo de la gran mayoría de fundaciones, señaló una peculiaridad de la digitalización: muchos de sus potenciales problemas no entienden de clases sociales, y afectan a familias que están muy lejos de la exclusión social. Es por ejemplo el caso del ciberacoso o de la difusión de discursos de odio y campañas de desinformación.
La desinformación y la necesidad de una formación mediática que permita a niños y adolescentes distinguir bulos es precisamente el campo de trabajo de la Fundación Atresmedia, cuya representante, Susana Gato, explicó la necesidad de poner más en la agenda pública la magnitud del problema, pues sin demanda social no habrá medidas políticas y regulatorias que permitan afrontar el problema. “Cada uno tiene que realizar su papel, pero como sociedad tenemos que incrementar la presión sobre los agentes que han de legislar, porque podemos perder una generación”, consideró Marisa Soleto, de la Fundación Mujeres.
Entre los asistentes se encontraban dos diputados especializados en digitalización, Juan Luis Pedreño, del Partido Popular, y Tesh Sidi, de Sumar, que tomaron brevemente la palabra al finalizar el acto. Sidi puso el acento en regular la digitalización “desde la transversalidad”, teniendo también en cuenta el enfoque humanista. Por su parte, Pedreño reclamó la colaboración de las entidades sociales para, partiendo de la propuesta de Pacto de Estado, regular al detalle aspectos concretos como la verificación por edad o cómo afrontar el impacto del porno en los menores.
