El informe de expertos sobre la protección de los menores en el entorno online entra en una nueva fase. Este martes 3 ha sido elevado al Consejo de Ministros, culminando casi nueve meses de trabajo del Comité de Expertos. Este grupo de cincuenta profesionales se creó, por parte del Ministerio de Juventud e Infancia, para proponer las mejores medidas ante un problema creciente: el de los impactos negativos de la digitalización en niños y adolescentes, con fenómenos como el ciberacoso, la comercialización de sus datos personales, los problemas de salud mental por la exposición a redes sociales o el impacto en sus relaciones afectivas y sexuales como consecuencia de la exposición a contenidos pornográficos.
El documento, que propone 107 medidas, destaca el creciente proceso de digitalización y su impacto en la infancia y juventud, que requiere la identificación precisa de sus riesgos y medidas concretas que garanticen los derechos de los menores en el entorno digital. Para la elaboración de su diagnóstico -con la presidencia de Ana Caballero, también vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital- se ha seguido un enfoque integral y multidisciplinar, acorde con el propio impacto de la digitalización en menores y adolescentes.
El documento también alerta del impacto en el neurodesarrollo que puede generar el uso de dispositivos digitales en las etapas formativas. Señala que los primeros años de vida son cruciales para el desarrollo cognitivo y social, y que el uso excesivo de pantallas en niños menores de 2 años puede tener efectos adversos. En la adolescencia, se alerta sobre los posibles efectos negativos en el desarrollo psicoafectivo, vinculados al incremento de problemas de salud mental como la ansiedad y la depresión.
Primacía del interés superior del menor
Uno de los principios fundamentales del documento, partiendo de estas premisas, es la primacía del interés superior del menor. Por tanto, el Comité recomienda una regulación y supervisión más estricta para proteger a niños y adolescentes, priorizando su bienestar físico, emocional y educativo.
Los expertos recalcan la responsabilidad de la industria tecnológica en la protección de los niños y adolescentes en el entorno digital. Por tanto, las plataformas tecnológicas y los fabricantes de dispositivos son instados a adoptar medidas proactivas que incluyan la verificación de la edad, controles parentales efectivos y restricciones al acceso de contenido nocivo para los menores.
«El modelo de negocio de las grandes plataformas de internet perjudica a los menores», afirma al respecto Ana Caballero, «y en el curso de los trabajos del comité de expertos hemos visto que tienen muy poco interés, o ninguno, en cambiarlo. Por eso desde la sociedad civil tenemos que ser firmes exigiendo su responsabilidad, y que los poderes públicos actúen con firmeza».
Las familias y la educación juegan un rol crucial en la supervisión y orientación de los menores en el uso de la tecnología. El documento subraya la importancia del acompañamiento familiar, el uso de controles parentales y la necesidad de una educación digital efectiva en las escuelas. La alfabetización mediática es vista como una herramienta clave para fomentar un uso crítico y responsable de la tecnología, pero «siempre teniendo muy en cuenta la responsabilidad de las plataformas tecnológicas», recalca la presidenta del Comité de Expertos. Algunas de sus medidas, como las restricciones en el uso de los filtros en Tiktok por parte de los menores, parecen más cosméticas que eficaces, dada la naturaleza de su modelo de negocio, basado en la captura de la atención.
Asimismo, el informe plantea la necesidad de integrar una perspectiva de género al afrontar la digitalización de los menores, ya que las niñas y adolescentes son más susceptibles de sufrir agresiones online, de todo tipo. Por tanto, el Comité señala la urgencia de implementar herramientas de protección y sanciones más efectivas para enfrentar este problema.
En las conclusiones, los expertos abogan por políticas públicas robustas y un marco normativo actualizado que garantice la protección de los menores en el entorno digital. El documento pide una actualización de las leyes existentes, una regulación más estricta de las prácticas comerciales digitales y la creación de entornos seguros que respeten los derechos de los menores, protegiendo su privacidad y evitando su explotación económica a través del uso de sus datos.
Ahora es, por tanto, el tiempo de las políticas públicas, por parte de las diferentes administraciones. Si no se actúa con determinación, el algoritmo continuará ganando la batalla a familias y docentes.
