El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Gobierno quiere aprobar una ley para impedir el acceso de los menores a contenidos pornográficos online. Es, hasta ahora, el paso adelante más importante de un debate político que ha ido aumentando de volumen en los últimos meses, y en el que la Asociación Europea para la Transición Digital ha participado desde el primer momento.
Sánchez, en una entrevista con Radio Nacional de España, ha hablado de “auténtica epidemia” y de datos “espeluznantes”, como que uno de cada cuatro niños menores de doce años ha tenido o tiene acceso al porno, y que casi la mitad de los menores de quince años lo consume. Lamentablemente, no exagera, y sabemos que el acceso al porno con edades tan tempranas tiene consecuencias, pues alienta la cosificación de la mujer, disminuye la empatía, banaliza las relaciones sexuales y distorsiona la percepción de la sexualidad, propia y ajena.
Pero, según afirmaba en una entrevista a El País Sánchez, la ofensiva política va más allá del acceso a la pornografía por parte de menores. Al afrontar la actividad online de niños y adolescentes hay muchos más asuntos que tratar, como el ciberacoso, el uso de sus datos con fines comerciales y muy poca transparencia, los problemas de salud mental que pueden provocar el abuso de las redes sociales, la necesidad de formar a los padres… Para afrontar todas estas cuestiones el Gobierno planea dos grupos interdisciplinares, uno interministerial con Justicia, Igualdad y Educación; y otro grupo de expertos del ministerio de Juventud e Infancia, en el que ya participa la Asociación Europea para la Transición Digital.
Una cuestión transversal
Coincidimos con el diagnóstico de Sánchez en la necesidad de una estrategia interdisciplinar, pues hablamos de asuntos relacionados pero distintos, que recaen, por ceñirnos al Ejecutivo, a Ministerios distintos, como Igualdad, Educación, Sanidad, Juventud e Infancia… Muchas de estas materias son a su vez competencia de las distintas Comunidades Autónomas, como la posibilidad de prohibir el uso de los teléfonos móviles en los centros escolares. Y, si nos centramos en la regulación, la clave está en la Unión Europea, y muy especialmente en la Digital Services Act. Por último, queda por determinar si ayudará a afrontar los problemas el desarrollo de algunos aspectos de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia -la Lopivi, conocida como ‘ley Rhodes’, aprobada en 2021 y tal vez una oportunidad perdida en lo relativo al ámbito digital-.
Afrontamos, en definitiva, un reto muy complejo. Por eso creemos que nuestra Propuesta de Pacto de Estado -lanzada en junio tras consensuar sus quince propuestas con Dale Una Vuelta, Fundación ANAR, iCmedia, Save The Children y UNICEF, y que cuenta con el apoyo de 150 asociaciones y la adhesión institucional de la Agencia Española de Protección de Datos, la Fiscalía General del Estado y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia- es la perfecta base de trabajo ante el proceso político que se abre.
Necesitamos acuerdos, legislaciones que vayan más allá de las luchas partidistas y que, al mismo tiempo, afronten los problemas con valentía, pidiendo responsabilidades a quien las tiene. No es sencillo, pero la alternativa es inviable: necesitamos proteger a una población vulnerable, como son los menores, de la toxicidad de un mal uso de internet y las redes sociales. Si no lo hacemos, lo pagaremos todos como sociedad.
