De izquierda a derecha: Jorge Gutiérrez, director de Dale una vuelta; Sonsoles Bartolomé, directora de las líneas de ayuda de la Fundación Anar; Cristina Sanjuan, Técnico de Políticas de Infancia de Save The Children; Mar España, directora de la AEPD; Ana Caballero, vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital; Eduardo Esteban, Fiscal de Sala de la Unidad de Menores de la Fiscalía General del Estado; Belén Andrade, especialista en Derechos Digitales de la Infancia de Unicef; Nacho Guadix, responsable de Educación y Derechos Digitales de la Infancia de Unicef, y Ricardo Rodríguez Contreras, presidente de la Asociación Europea para la Transición Digital.
La Propuesta de Pacto de Estado para defender a los menores en el ámbito digital cuenta con un nuevo apoyo institucional: la Fiscalía General del Estado (FGE). Su Unidad de Menores, dirigida por el Fiscal de Sala, Eduardo Esteban, se une a esta iniciativa de la sociedad civil, fruto del consenso de seis entidades -la Asociación Europea para la Transición Digital, promotora de la iniciativa, Save The Children, Fundación ANAR, iCMedia, Dale la Vuelta y Unicef- y que ya contaba con el respaldo de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
El apoyo institucional de la FGE se formalizó en un acto en la sede de la AEPD, coincidiendo con el 20 de noviembre, Día Internacional del Niño. En el acto, una rueda de prensa, participaron el propio Eduardo Esteban, Mar España, directora de la AEPD y Ana Caballero, vicepresidente de la AETD. Además, estuvieron presentes varios representantes de las entidades promotoras.
El punto de partida de esta propuesta de Pacto de Estado es la preocupación compartida sobre los riesgos que afrontan niños y adolescentes en los entornos digitales, al utilizar servicios diseñados para adultos, que pueden afectar a su socialización y potenciar posibles problemas de salud mental, como la ansiedad y la depresión, además de facilitar situaciones de violencia como el acoso escolar y sexual. Además, los dispositivos móviles se han convertido en una puerta a contenidos pornográficos, lo que genera una banalización de las relaciones sexuales, sexualización precoz y exposición a contenidos inapropiados.
Estos problemas pueden desencadenar situaciones delictivas, de las que los menores pueden ser tanto víctimas como autores. La última memoria de la FGE advierte expresamente de la preocupación de varias fiscalías provinciales por las consecuencias del abuso de la tecnología en niños y adolescentes, así como por «el precoz consumo de contenidos pornográficos» y su efecto en los «atentados a la libertad sexual». También se señalaba el fenómeno de ‘influencers’ que incitan a conductas suicidas o de grave riesgo para la salud, y que buena parte de las situaciones de acoso escolar se perpetran mediante ‘ciberbullying’.
Además de estos problemas, desde la AETD señalamos como el propio modelo de negocio de muchos de los servicios digitales resulta perjudicial para los menores de edad, ya que buscan acaparar la atención de sus usuarios -un tiempo que se resta al juego, al descanso, al estudio, a la socialización…- con el objeto de captar la mayor cantidad de datos posibles sobre sus características, gustos y actividades. Los datos de los niños y adolescentes se han convertido también en moneda de cambio en la era digital. Y los servicios gratuitos no lo son en realidad tanto, ya que pagar con datos es pagar.
