El Pacto de Estado para proteger a los menores en el ámbito digital -una iniciativa promovida por la Asociación Europea para la Transición Digital (AETD)- sigue cogiendo fuerza. El pasado 13 de febrero la AETD organizó su presentación con unas jornadas en el Congreso de los Diputados, que fueron inauguradas por la presidenta de la Cámara, Francina Armengol.
Fue toda una mañana de trabajo y reflexión, estructurada en varias mesas de debate e intervenciones. A continuación ofrecemos un resumen y los videos de las tres mesas de debate, así como de la intervención final del presidente de la AETD, Ricardo Rodríguez Contreras, y de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
Los promotores del pacto: es hora de ponerse serios
La primera mesa de debate, moderada por la abogada Paca Sauquillo, estuvo formada por las seis entidades firmantes del Pacto. Sus representantes fueron Ana Caballero, vicepresidenta de la AETD, Nacho Guadix, responsable de Educación y Derechos Digitales de la Infancia en Unicef España, Catalina Perazzo, directora de incidencia social y política en Save The Children, Alejandro Villena, director de Investigación y Atención Clínica de Dale Una Vuelta, Marta Pellico, vicepresidente de iCMedia, y Benjamín Ballesteros, director de Programas de la Fundación Anar.
En esta primera mesa, los promotores del Pacto insistieron en la necesidad de una regulación que vaya mucho más allá del acceso de los menores a pornografía y contenidos extremos. Es un terreno en el que, como señaló Ana Caballero, “ya se han terminado las excusas, pues tenemos herramientas para limitar el acceso de los menores a contenidos inapropiados”, en referencia al procedimiento que ultiman la Agencia Española de Protección de Datos y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Pero la pornografía no es el único problema. Mercantilización de los datos, ciberacoso, adicción a redes sociales… Allí “los menores siguen modelos inalcanzables, y luego se miran al espejo y no les gusta lo que ven. Muchas veces las consecuencias son trastornos de alimentación, autolesiones, problemas de baja autoestima…”, explicó Ballesteros. Además, con las redes sociales el acoso escolar ya no es solo escolar, sino que alcanza al hogar, e incluso prosigue si la víctima cambia de colegio, como explico el director de programas de la Fundación Anar, especializada en la ayuda a menores en riesgo.
“Esto no va de echar balones fuera”, insistió Caballero: “todos tenemos una responsabilidad, y queremos hacer responsable a la industria [de servicios y contenidos online], una industria que lideran empresas extracomunitarias que ven a los europeos como una enorme base de datos. No se trata de hiper-regular, sino de que todos juguemos con las mismas reglas”. “Si se quiere, se pueden poner soluciones, aunque las tecnológicas digan que no pueden hacerlo”, concluyo Pellico, de iCMedia.
Las instituciones: distintos enfoques para el mismo problema
La mesa protagonizada por las instituciones que han formalizado su apoyo a la Propuesta de Pacto de Estado dejó claro que los poderes públicos tienen mucho que hacer en este terreno, si bien la situación ha mejorado notablemente en los últimos años. El panel fue protagonizado por Mar España, directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Cani Fernández Vicién, presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC); Rosa Mª Henar Hernando García, Fiscal Adscrita a la Unidad de Menores, en la Fiscalía General del Estado y Margarita Guerrero, directora general de Injuve. La encargada de moderarlo fue Isabel Peñalosa, directora de Relaciones Institucionales de la Asociación Española de Fundaciones.
Mar España y Fernández Vicién coincidieron en la necesidad de corresponsabilizar a la industria de contenidos. “Si no partimos de la responsabilidad de las plataformas de contenido y de los buscadores, será imposible controlar la situación”, afirmó la presidenta de la CNMC, al tiempo que señalaba carencias en la Ley General de Comunicación Audiovisual, como no fijar plazos para establecer la identificación de publicidad en redes y el etiquetado por edades de los contenidos.
Por su parte, la fiscal Hernando puso el acento en cómo el consumo de porno por parte de menores, -que está, de hecho, realizando “una labor pseudoeducativa”- puede generar “conductas distorsionadas, basadas en el dominio y la sumisión, que si se trasladan al mundo físico les pueden convertir en delincuentes”. “No debemos culpar al menor, que es una persona especialmente vulnerable, sino asumir nuestras responsabilidades y ponernos a trabajar”, aseguró al respecto.
“Educar es a veces prohibir, y hay contenidos para los que evidentemente los menores no están preparados”, afirmó por su parte Mar España, directora de la Agencia Española de Protección de Datos, que destacó el trabajo “callado” y “en red” que se ha realizado en estos meses, con la propuesta de Pacto de Estado como uno de sus puntos álgidos. Ahora, espera “un paso delante de la industria de telecomunicaciones y de la industria de internet en este proyecto del país, que también está apoyando el presidente del Gobierno”.
Finalmente, Margarita Guerrero, directora general de Injuve, resaltó la Ley Orgánica de Protección a la Infancia frente a la Violencia, de 2021, como ejemplo de consenso político en torno a las necesidades del menor. Esa norma no incide en los fenómenos que se dan en la esfera digital, ámbito en el que Guerrero pidió “no descargar toda la responsabilidad en la comunidad educativa ni en los padres y madres; necesitamos incluir a las empresas tecnológicas, que ven la infancia como un nicho de datos con los que comercializar”.
Los grupos parlamentarios: mirando a la responsabilidad de la industria
La última mesa de debate de la jornada fue la de los grupos parlamentarios, con la representación de cinco de los ocho que se han formado esta legislatura. Moderados por la periodista Ángeles Caballero, sus representantes -todos ellos miembros de la nueva Comisión de Juventud e Infancia del Congreso- fueron Noelia Núñez, del Grupo Popular; Inés Plaza, del Grupo Socialista, Blanca Armario, de Vox, Nahuel González, de Sumar, y Pilar Calvo, de Junts.
Todos los ponentes coincidieron en la necesidad de implicar a la industria de servicios y contenidos en la solución a los problemas de los menores en internet. Los matices estuvieron en el énfasis acerca de la necesidad de desarrollar legislación ya existente, como la Digital Services Act y la Ley General de Comunicación Audiovisual- y en el papel que las familias han de jugar en las políticas a desarrollar.
Cierre de la jornada con la ministra de Juventud e Infancia
El presidente de la AETD, Ricardo Rodríguez Contreras, y la ministra de Juventud e Infancia, fueron los encargados de cerrar la jornada.
El presidente de la AETD, Ricardo Rodríguez Contreras, insistió en la necesidad de que todas las partes asumiesen su responsabilidad en los problemas que los menores afrontan en internet, enfatizando el papel de las plataformas digitales e incluso de sus directivos. Rodríguez Contreras también aludió a la necesidad de más transparencia en nuestras relaciones con el entorno digital respecto al uso de los datos y la aplicación de algoritmos.
Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, agradeció el trabajo de las seis entidades promotoras de la Propuesta de Pacto de Estado, y muy especialmente de la AETD, y prometió que no caería en saco roto. “Debemos mantener esta estructura de trabajo desde la sociedad civil, sin que nos asuste hablar de límites”, afirmó. La Asociación Europea para la Transición Digital quiere agradecer a todos los participantes su colaboración, así como la presencia de importantes representantes del mundo político y de la sociedad civil, con una nutrida representación de las más de 160 entidades que han suscrito la propuesta de Pacto de Estado. Entre ellas, por citar solo algunos ejemplos, la Asociación Española de Fundaciones, la Fundación Atresmedia, la Fundación Mujeres, FAD Juventud, UTECA, Clabe Club de Editores y varios colegios profesionales y sociedades científicas.
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