Todas las economías desarrolladas se enfrentan a enormes retos en su proceso de transición digital, como qué hacer con la privacidad y los datos de sus ciudadanos, los nuevos marcos laborales que trae la digitalización y la fiscalidad de las grandes plataformas, que apenas se anclan a las legislaciones nacionales. Las experiencias y percepciones de los ciudadanos son básicas para afrontar esos desafíos. Para conocerlas mejor, el Center for the Governance of Change (CGC), perteneciente a IE University, ha llevado a cabo la segunda edición de un estudio que ya desde su título se centra en Europa. Se trata del European Tech Insights, un informe que, a través de una completa encuesta en once países, ocho de ellos europeos (Francia, Alemania, Italia, España, Portugal, Polonia, Países Bajos, y Reino Unido), trata de construir una base de conocimiento para esos procesos de transición digital.
Una de las conclusiones más llamativas de este estudio, en el que han participado 2.883 personas, es que el nuevo marco laboral que conlleva el auge de la llamada ‘gig economy’ o ‘economía de bolos’ es juzgado con dureza por los encuestados. Un 46% de los europeos afirma tener ‘remordimientos éticos’ al usar los servicios que ofrecen empresas como Uber y Deliveroo. Ese porcentaje crece en los países más representativos de la UE: en España es el 48%; en Alemania, el 51%; en Italia y Francia, el 53%.
El apoyo a una regulación más estricta que obligue a estas empresas a cumplir con la misma normativa laboral que las compañías tradicionales es mayoritario en el conjunto de la encuesta en los países europeos (un 61%). En algunos países, resulta abrumador: llega al 70% en Italia y al 75% en España.
Impacto del Covid
El trabajo de la encuesta se llevó a cabo en diciembre y enero, pero ante el impacto del Covid, sus promotores realizaron una ‘segunda ronda’, en el mes de abril, en cuatro países concretos: Italia, España, China y Estados Unidos.
Esas respuestas ‘postcovid’ parecen fuertemente mediatizadas por el momento en el que se dieron, cuando la situación era especialmente dramática en países como España, Italia y Francia. El ‘shock’ parece manifestarse claramente en la evolución de algunas respuestas a lo relativo al uso del dato y la privacidad.
Antes de la pandemia, el 55 % de los europeos opinaba que los gobiernos no debían compartir los historiales médicos de sus ciudadanos con empresas como Google sin su consentimiento previo, aunque hacerlo ayudara a desarrollar nuevos tratamientos médicos y a la detección temprana de enfermedades. Sin embargo, en los últimos tres meses, esta preocupación por la privacidad ha disminuido. En España, esta cifra bajó del 56 % al 45 % entre enero y abril, y en Italia la caída fue del 52 % al 39 % en el mismo período. También en Estados Unidos y China se produjo una bajada significativa de los que no querían que se utilizasen sus datos para fines médicos sin su consentimiento.
La pandemia también ha impactado en la percepción de la importancia de la privacidad de los datos de forma más general. En enero, el 47 % de los españoles estaba dispuesto a recortar su privacidad por el bien del crecimiento económico y la seguridad personal. Esta cifra llegó al 51 % en abril. En Italia, el aumento del porcentaje de los que estaban dispuestos a ceder privacidad por crecimiento económico y seguridad era aún mayor: del 48% al 63%.
Además, en Italia y España, los dos primeros europeos afectados gravemente por el coronavirus, una abrumadora mayoría (67 % y 79 %, respectivamente) apoyaba la implantación de sistemas de rastreo restrictivos como los desplegados en China, con códigos de colores que establecen quién puede viajar libremente y quién no.
Adicionalmente, en esos cuatro países se preguntó a los encuestados si los poderes públicos debían subir los impuestos a las empresas, y particularmente a las empresas tecnológicas, para financiar la recuperación. En Italia y España la respuesta mayoritaria es que las tecnológicas tienen que pagar más impuestos (respectivamente, el 53 y el 40 %). En China y Estados Unidos se imponen los que piensan que todas las empresas, sin singularizar ningún sector, deben pagar más impuestos.
“El impacto más significativo de la pandemia es que los países más afectados han visto una notable disminución de la preocupación por la vigilancia y la privacidad de los datos, como es el caso de España. Además, el consenso entre los españoles para gravar a las grandes empresas tecnológicas va en aumento” resume Oscar Jonsson, director académico del Center for the Governance of Change de IE University.
El estudio fue realizado por la empresa especializada Netquest, que se marcó un objetivo inicial de 250 respuestas en cada uno de los once países analizados (los ocho europeos más Estados Unidos, China y México), alcanzando finalmente 2.883 encuestados. Los participantes fueron seleccionados manteniendo la representatividad en términos de edad y género.
