El 20 de noviembre es el Día Internacional de la Infancia. Con este motivo, y como ya ha hecho otros años, la Asociación Europea para la Transición Digital (AETD) celebró una jornada de debate en Madrid en torno a los derechos digitales de los menores de edad. La novedad de este 2024 es que la cita era fruto del convenio entre la Asociación Europea para la Transición Digital y la Entidad Pública Empresarial Red.es, en el marco del Espacio de Observación de Derechos Digitales y con el objetivo de impulsar la Carta de Derechos Digitales.
Tras unas palabras de bienvenida de María Andrés, directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, que acogió la jornada, tomó la palabra Ricardo Rodríguez Contreras, presidente de la AETD. Rodríguez destacó que en los últimos años «la sociedad en su conjunto, las familias y los Estados han comenzado a dar pasos para proteger a los menores en las plataformas».
En este sentido, recalcó la importancia de la propuesta de Pacto de Estado para proteger a los menores en internet, una iniciativa promovida por la AETD en 2023 junto a otras cinco entidades sociales: Dale una Vuelta, Fundación ANAR, iCMedia, Save The Children y Unicef España.
Esa iniciativa tuvo un impacto en el ámbito político, con la creación, por parte del Ministerio de Juventud e Infancia, de un grupo de trabajo formado por expertos en digitalización y menores para mejorar toda la respuesta política y administrativa ante situaciones como el ciberacoso, la mercantilización de los datos de los menores, o los problemas de salud mental que pueden provocar en los menores las redes sociales.
Pero, como recalcó el presidente de la AETD, no solo es un asunto de legislación. Se requieren todo tipo de medidas, y muy especialmente “las que afectan a las grandes plataformas online. Les exigimos más transparencia, más responsabilidad y más rendición de cuentas. La Ley de Servicios Digitales de la UE (Digital Services Act) ha sido a su pesar, y tenemos que ir más allá. Tenemos que exigirles su responsabilidad ética, civil y penal”.
Por su parte, Ana Caballero, vicepresidenta de la AETD y presidenta del Grupo de Expertos creado por el Ministerio de Juventud, recalcó en su intervención que no se debe trasladar toda la responsabilidad de los problemas de la digitalización de los menores a sus padres y a la comunidad educativa. “En estos años de trabajo hemos sido capaces de crear un consenso social sobre la necesidad de actuar ante estos problemas, que se ha trasladado al ámbito político”, señaló. Al tiempo, recordaba que el modelo de negocio de las grandes plataformas de internet no distingue entre adultos y menores, y el “artículo 32 de la Convención de los Derechos del niño recalca el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica”.
El economista Javier Santacruz, por su parte, señaló el “grave problema” de la ausencia de un valor explícito de los datos que los menores comparten en las plataformas: “No es cierto que internet sea gratis. No hay un intercambio monetario, pero sí un valor oculto de los datos”. El propio Santacruz realizó una investigación, pendiente de actualización, que en 2021 cifraba en 81,61 euros el valor medio anual de los datos de cada usuario por red social.
Expertos de diferentes ámbitos
Santacruz fue uno de los expertos, de diferentes ámbitos, que participaron en las jornadas, como Rosa Díaz, directora de Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, ONTSI que presentó las iniciativas para implementar la Carta de Derechos Digitales; Luisa González, presidenta de la Fundación del Colegio Médico de Madrid; Alex Romero, fundador y CEO de la empresa de ciberseguridad e inteligencia cibernética Alto Intelligence; Leonardo Cervera, secretario general del Supervisor Europeo de Protección de Datos; Encarna Cuenca, presidenta del Consejo Escolar del Estado; María José Olesti, directora general de The Family Watch y Miguel Ángel Delgado, director del IES Antonio Machado de Soria, una de las provincias de España con mejor desempeño de sus centros educativos, según los resultados del informe PISA y de la EBAU en Castilla y León.
Un asunto clave como la prevención y lucha contra la explotación sexual online fue afrontado por José García Serrano, Jefe de la Brigada Central de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional; Daniel Moreno Gómez, Teniente de la Guardia Civil, Unidad Técnica de Policía Judicial, y Antonio Labrador, Jefe del equipo de lucha contra los abusos sexuales a menores de la Dirección General de Asuntos de Interior de la Comisión Europea.
La legislación comunitaria, y lo que pueda avanzar el Parlamento Europeo en esta recién iniciada legislatura, fue tratada, en una intervención online, por dos representantes de los grupos mayoritarios de la Eurocámara: Pablo Arias, del Partido Popular Europeo, y Laura Ballarín, de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas.
Ambos destacaron la importancia de la Digital Services Act, pero también reconocieron la necesidad de ser firmes con las plataformas de internet en su compleja implementación. “No podemos cometer los errores de pasado, cuando no les prestamos la atención debida a los asuntos digitales; no podemos dejar en manos de las empresas privadas algo que está influyendo de forma radical nuestras vidas”, afirmó Arias. “En el Parlamento Europeo los grandes grupos disentimos en muchas cuestiones, pero aquí hay consenso; no nos podemos permitir perder a una generación”, aseguró por su parte Ballarín.
