La sociedad española es cada vez más consciente de que un mal uso de internet y las redes sociales por parte de los menores de edad es un problema, creciente, que hay que afrontar con determinación. Por eso, este asunto está entrando en el debate de la campaña electoral, ante las próximas elecciones del 23 de julio.
Así, el Partido Popular, según publicó el diario El Mundo este jueves 29, trabaja en una propuesta al respecto consensuada con “la comunidad educativa, las familias y el sector tecnológico”. Interpelada ese mismo día al respecto, la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, afirmó que el Gobierno trabaja en ver “cómo regular el acceso de los menores” a plataformas de contenidos y redes sociales.
Desde la Asociación Europea para la Transición Digital nos congratulamos de que este asunto, de gran importancia, empiece a ser parte del debate político. Se trata de una cuestión compleja, que supera en gran parte la legislación española y en la que se entrecruzan aspectos distintos, como la salud mental, el acoso escolar y sexual, la socialización y educación afectivo-sexual de los menores, la mercantilización de sus datos y su derecho a la privacidad.
En esta línea, el pasado 22 de junio, seis entidades de la sociedad civil -la Asociación Europea para la Transición Digital, promotora de la iniciativa, Save The Children, Fundación ANAR, iCMedia, Dale Una Vuelta y Unicef- presentamos una propuesta de Pacto de Estado acerca de la protección de los menores de edad en internet y las redes sociales.
La iniciativa, con el apoyo institucional de la Agencia Española de Protección de Datos, está abierta a adhesiones de entidades y organizaciones, y hasta el momento contamos con más de 90, entre las que destacan la Asociación Española de Fundaciones, la Fundación Atresmedia, Fundación Fad Juventud, la Fundación Hermes o el Movimiento por la Paz.
La propuesta de Pacto de Estado cuenta con quince medidas concretas, y el hecho de que se hable de la cuestión en campaña electoral supone un avance hacia el cumplimiento de la primera de ellas: “Reconocer que el uso compulsivo de la tecnología es un problema de salud pública”. Pero es urgente ir mucho más allá.
En la AETD estamos convencidos de que enfoques centrados en la autorregulación son insuficientes, y hay que ser mucho más exigentes con las empresas que prestan determinados servicios digitales. Por eso, la medida 13 de la propuesta de Pacto de Estado pide “establecer un marco legal de rendición de cuentas para los directivos responsables de las plataformas de intercambios de videos y distribuidores de contenidos que incumplan con el establecimiento de la obligación de la verificación de edad”.
También los poderes públicos, en las administraciones públicas, han de asumir su responsabilidad. Por ejemplo, como señala la medida 12 de la propuesta de Pacto de Estado, regulando en las comunidades autónomas para limitar el uso de los móviles en los centros educativos, adecuando el uso de dispositivos tecnológicos en las aulas a criterios vinculados a la pediatría, la psicología y la psiquiatría infantil.
Entendemos, en definitiva, que los representantes políticos deben profundizar en el debate, sin vaguedades. Queremos que, tras la campaña electoral y con la formación de un nuevo Parlamento, los poderes públicos combatan los efectos indeseados para los menores de internet y las redes sociales. Nuestra propuesta de Pacto de Estado es un buen punto de partida.
