La Unión Europea ultima un borrador de su nueva Ley de Servicios Digitales (DSA por sus siglas en inglés, Digital Services Act), que, según todos los indicios, pondrá restricciones y controlará con más atención la actividad de las grandes compañías tecnológicas. Se habla incluso de la posibilidad de obligar a que compartan sus datos con empresas más pequeñas y de prohibir que apliquen cualquier tipo de trato preferencial a sus productos en sus propias plataformas. Todo, en medio de un debate creciente, también en Estados Unidos, sobre el excesivo tamaño y poder de estas compañías y la posibilidad de obligar a su partición para restablecer la competencia en los mercados donde abusan de su dominio.
Por supuesto, todo este arduo y largo trabajo legislativo, cuyo próximo hito es la presentación del borrador de la DSA a principios de este mes de diciembre, viene acompañado de las tareas de lobby de las diferentes partes afectadas, algo que ya forma parte del paisaje comunitario. Google, por tamaño, capacidad e importancia de las medidas, tenía el derecho y el deber, en defensa de sus intereses, de trabajar en este terreno. Hasta aquí, no hay noticia.
Sin embargo, las informaciones publicadas por dos prestigiosos medios –la revista francesa Le Point y el diario británico Financial Times – suponen un salto cualitativo respecto a lo habitual. Ambos medios han tenido acceso a un plan confidencial de Google, con una duración de dos meses, para influir en la tramitación y el contenido de esta regulación. La agresividad de dicho plan y su carácter divisivo y prácticamente antieuropeo son llamativos.
La estrategia de Google apunta directamente a Thierry Breton, comisario del Mercado Interior y una de las voces más críticas con el poder de las ‘big tech’. Uno de los objetivos de Google es aumentar la oposición a sus postulados, “reconfigurando la narrativa política” y “debilitando los apoyos” a la legislación que está en marcha. Se trataría de ahondar en las diferencias en el seno del Ejecutivo comunitario, donde la posición de Breton tiene cierto contrapunto en Margrethe Vestager, comisaria de Competencia con rango de vicepresidenta, que ha mostrado de inicio más dudas sobre la posibilidad de trocear las ‘big tech’, considerando esta solución como un último recurso.
Ya con la directiva de copyright, aprobada en abril de 2019, las ‘big tech’ desarrollaron una fuerte campaña, a veces con tonos apocalípticos sobre el fin de internet, que fue objeto de crítica y comentario por parte de varios eurodiputados: la pasada legislatura la eurodiputada izquierdista Virginie Rozière asegura que recibió 40.000 correos electrónicos como parte de una “pseudocampaña ciudadana”; Geoffroy Didier, conservador y actual miembro del Parlamento, habló de 100.000 correos en su dirección del Parlamento Europeo, y también de amenazas.
Sin embargo, para nuestra Asociación el interés no está en estas prácticas denunciables, que ensucian injustamente el nombre de los que se dedican al lobby con otro estilo, más limpio. Nos llama la atención otro aspecto de lo revelado por Le Point y Financial Times. Google, según estas publicaciones, tiene como objetivo “minar la idea de que la DSA no tiene coste para los europeos” y “demostrar cómo limita el potencial de internet… justo cuando la gente lo necesita más”.
En realidad, la DSA busca precisamente lo contrario: desatar todo el poder de la economía digital, permitiendo que las compañías europeas, de todo tamaño, compitan en igualdad de condiciones frente a las ‘big tech’. Es una cuestión de riqueza económica y empresarial, pero también sociopolítica: el enorme poder que ostentan estas empresas en la economía del data amenaza la soberanía de la UE. Quien controle los datos, controlará la economía y el debate social. Hoy, ese control está lejos del continente.
Paradójicamente, lo que en el plan de Google es un argumento retorcido e interesado –nosotros, las ‘big tech’, somos internet, y en consecuencia todo lo que nos perjudique perjudica al desarrollo de la economía digital– acabará convirtiéndose en una triste realidad si los reguladores acaban cediendo a sus presiones. El plan de Google para desestabilizar la tramitación de la DSA va más lejos de una práctica lobista para convertirse en un ataque dirigido a debilitar la toma de decisiones políticas en la UE y resquebrajar su soberanía. Ha desvelado su concepción de Europa solo como un mercado, y no como una comunidad de valores y de ciudadanos.
