El proceso de digitalización resulta imparable en todos los sectores. Y lo ha sido también en la prensa escrita, que ha adaptado con gran esfuerzo y rapidez sus modelos y estructuras para el mercado online, informando cada día en cumplimiento de los derechos a dar y recibir información, proclamados en España en el artículo 20 de la Constitución como un pilar fundamental de la democracia.
Los medios de prensa españoles, sacudidos por una crisis global, luchan desde hace años para que las grandes tecnológicas paguen una contribución justa por contenidos en los que no invierten, pero de los que se aprovechan económicamente con su utilización. Los lectores llegan a las noticias que producen los medios de comunicación a través de muchos puntos de entrada —el propio periódico, un buscador o una red social—, pero la parte más gruesa de la publicidad digital se queda en las compañías tecnológicas globales. Según algunos estudios, el importe total de la publicidad en España es de 2.500 millones de euros, teniendo Google una cuota de mercado de alrededor del 60%.
La Unión Europea aprobó en 2019 la Directiva de Derechos de Autor en el Mercado Único digital (DAMUD), y el Gobierno español acaba de aprobar en Consejo de Ministros un proyecto de Ley para su transposición. La DAMUD concede a los autores y editores de publicaciones periódicas los derechos de reproducción y puesta a disposición del público de sus contenidos. Por lo tanto, editores y periodistas ostentan el derecho a recibir una parte adecuada de los ingresos que perciban los buscadores y agregadores de internet por el uso de sus publicaciones.
Sin embargo, en el texto aprobado recientemente por el Gobierno se aprecia una clara influencia del lobby de los gigantes tecnológicos, cuyo poder queda claramente incrementado por la nueva regulación. Más sorprendente resulta el apoyo que algunos grupos editoriales han dado al proyecto de Ley del Gobierno. Empujados por la crisis, han optado por el pan para hoy y el hambre para mañana, mirando desde el corto plazo, sin reparar, en términos de medio y largo, en que una regulación como la propuesta puede llegar a poner en riesgo su independencia editorial.
La nueva norma permitirá a los medios negociar de forma individual una retribución “justa” por los contenidos que se publiquen en los agregadores de noticias (Google, principalmente), en vez de hacerlo a través de una entidad de gestión colectiva, modelo tradicional europeo con el que siempre se ha pretendido proteger a la parte más débil, los medios de comunicación en este caso frente a los monopolios de los todopoderosos gigantes tecnológicos. En un alarde de optimismo desaforado, el proyecto de ley aprobado por el Gobierno ha exigido a las tecnológicas “buena fe y transparencia” en las negociaciones que se entablen, además de información actualizada sobre el funcionamiento de las plataformas en las que se publiquen las noticias.
El gobierno español ha optado por dar carta de naturaleza a estas negociaciones privadasen vez de establecer una tarifa legal justa y acorde con los usos y el mercado. Una tarifa legal no solo daría cumplimiento a la normativa europea y española vigentes, sino que garantizaría unos ingresos mínimos a todos los titulares de derechos, editores y periodistas, promovería la independencia y el pluralismo de los medios de información, y garantizaría el libre proceso de construcción de la opinión pública, algo imprescindible para cumplir los estándares de toda democracia de calidad.
Conviene recordar, además, que detrás de los medios de prensa hay empresas y trabajadores, hay inversiones, talento y esfuerzo, hay editores y periodistas. La adecuada remuneración de su trabajo es por supuesto un asunto de justicia y de derechos, pero también de su independencia editorial y, por lo tanto, de calidad democrática.
Es evidente que los pagos por la explotación de contenidos de prensa no los debe fijar de forma arbitraria un algoritmo cuyo funcionamiento está enteramente controlado por las plataformas y que es opaco para el Estado, la opinión pública y los propios editores y autores. Los acuerdos individuales de los medios con los buscadores y agregadores no solo dinamitarían en el medio plazo su supervivencia y el modelo de prensa español, sino que las cantidades económicas anuales que percibirían serían muy inferiores a las que les corresponderían con una tarifa legal y con el mantenimiento de un sistema de gestión colectiva que funciona y garantiza ingresos y cobros de forma inmediata, y que lo hace en un marco de tiempo estable y duradero, sin estar sujeto a cambios unilaterales.
Las democracias no se pueden permitir que, gracias a los acuerdos privados, gigantes como Google se conviertan en el guardián de la información que llega a los ciudadanos. Ninguna plataforma tecnológica debería ser el principal decisor de la preeminencia de una u otra información gracias sus algoritmos. Como reconocen muchos editores de prensa, sería muy inquietante que empresas cuya actividad es ajena al oficio del periodismo se convirtieran en los guardianes de la información global. A la postre, condicionaran el proceso de libre formación de la opinión pública.
Frente a posiciones en muchas ocasiones simplistas cuando no ingenuas, la sociedad y nuestros políticos deberían darse cuenta de todo lo que está en juego. Esta encrucijada va mucho más allá de los medios, de los editores y de los periodistas, afecta al derecho a estar informado y a nuestra soberanía como país.
Hablamos de justicia, de valores, de independencia y de democracia. En esta, como en otras cuestiones relativas al mercado y los derechos digitales, gobiernos y parlamentos deben tener muy en cuenta todo lo que está en juego.
