Cuando la Comisión Europea adoptó su propuesta de Reglamento sobre la intimidad y las comunicaciones electrónicas en 2017, seguramente no se imaginaba el conflicto que iba a generar. Más conocida como Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, la legislación propuesta tiene el objetivo de actualizar la protección del derecho fundamental de los ciudadanos de la UE a la privacidad y la confidencialidad en el uso de las redes de comunicación públicas. Está previsto que entre finalmente en vigor el 21 de diciembre.
Una ley de buenas intenciones
Partiendo de la base del Reglamento General de Protección de Datos de 2016, la Directiva amplía la definición de redes de comunicación para incluir en ella servicios de comunicación por Internet como WhatsApp, Facebook Messenger o Skype. También amplía la definición de los contenidos de las comunicaciones.
Además de prohibir la interceptación, grabación, escucha o intervención de las comunicaciones de una persona, también prohíbe el uso de metadatos como la hora de la llamada y la ubicación, a menos que se hayan anonimizado, se utilicen con fines de facturación o la persona haya dado su consentimiento.
Había, no obstante, un aspecto que los encargados de preparar esta propuesta habían pasado por alto.
Una ley de consecuencias no deseadas
La propuesta de Directiva sobre la privacidad electrónica no contempla ninguna exención legal para las redes de comunicaciones y las líneas telefónicas directas voluntarias que procesan contenidos audiovisuales o tráfico de datos con el fin de detectar el abuso sexual de menores (CSA, por sus siglas) en la red.
Dicho abuso puede incluir la captación de menores, así como fotos y vídeos que circulan por Internet de violaciones, torturas y explotación sexual de menores, y el número de estos delitos crece rápidamente.
INHOPE coordina una red de 46 líneas directas en todo el mundo, que incluye a los Estados miembros de la UE. En los últimos dos años, el número de imágenes y vídeos ilegales recibidos ha aumentado más del doble, hasta casi 320.000.
La organización advierte de que si el actual Reglamento de Privacidad Digital se convierte en ley el próximo mes, las plataformas tecnológicas que operan u ofrecen servicios en la Unión Europea tendrán que cesar cualquier actividad de detección automatizada, poniendo en peligro las vidas de miles de menores.
La solución
La Comisión Europea ha escuchado dichas preocupaciones y en el pasado mes de septiembre propuso modificar la Directiva sobre la Privacidad electrónica.
La idea es que las organizaciones que participan en la detección de abusos sexuales a menores en la red queden exentas por un período de cinco años hasta que se apruebe nueva legislación comunitaria. Los dos artículos que la Comisión pretende suspender se refieren a la confidencialidad de la comunicación y al tráfico de datos, lo que permitirá seguir utilizando las herramientas tecnológicas para identificar de forma selectiva aquellas imágenes que muestren abusos sexuales a menores y otras formas de explotación, como la captación de menores en línea.
El mes pasado el Consejo Europeo dio luz verde a la nueva propuesta, que actualmente se está debatiendo en el Parlamento Europeo. No obstante, el asunto está lejos de resolverse.
Protección frente a privacidad
El 10 de noviembre, el Supervisor Europeo de Protección de Datos, autoridad supervisora independiente, publicó una opinión oficial mediante la que recomendaba a las instituciones de la UE no adoptar la propuesta, incluso en forma de derogación temporal.
El Supervisor puso de manifiesto que la confidencialidad de las comunicaciones es una piedra angular de los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y familiar y sostuvo que «de adoptarse esta Propuesta, servirá inevitablemente de precedente para la legislación futura en este ámbito».
Otras voces también han expresado el temor a que los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley puedan aprovechar la exención para otros fines. or ejemplo, la semana pasada, Julian Jaursch, Director de Proyectos del centro de estudios alemán Stiftung Neue Verantwortung, afirmó en el canal de televisión Euronews que «la capacidad de hablar en privado, de forma encriptada, libremente, es sumamente importante y valiosa para distintas poblaciones vulnerables que necesitan poder comunicarse en un entorno encriptado sin temor a represalias de los gobiernos u otros agentes».
En su batalla contra los defensores de un derecho absoluto a la privacidad, los promotores de la campaña contra la explotación sexual de menores han lanzado una petición en línea para tratar de conseguir el apoyo de los Eurodiputados.
No cuentan con mucho tiempo, ya que el 7 de diciembre la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo debe emitir su voto final sobre la nueva propuesta de la Comisión.
Lo que en un principio debía actualizar simplemente la protección de un derecho fundamental, ha provocado un acalorado debate entre las ventajas de la libertad individual y el deber de la sociedad de proteger a sus miembros más vulnerables.
