La ofensiva regulatoria que está llevando a cabo la Unión Europea con los llamados ‘gatekeepers’ de la economía digital -las grandes plataformas de internet- puede suponer un antes y un después en la desequilibrada situación de mercado de la que disfrutan. Sin embargo, tanto la Digital Services Act como la Digital Markets Act obvian un elemento clave al regular el uso e intercambio de datos personales: el cálculo económico de la relación consumidor-digital.
¿Cuánto valen los datos que cada día entregamos a Facebook, Google o Amazon? No lo sabemos con seguridad, y, en consecuencia, también desconocemos si ese intercambio -información por servicios- es justo. Tenemos una relación con estas grandes empresas, pero es enormemente desigual: ellos saben todo de nosotros, y nosotros ni siquiera sabemos cuánto valen los datos que les entregamos por el uso de sus servicios. No nos paramos a pensar en ello: actuamos como si fuesen gratis, pero en realidad pagamos con nuestros datos. Y en la economía digital pagar con datos es pagar.
De esta indefinición sobre el valor de los datos deriva en gran parte la desconsideración que sufre la figura del consumidor en el ámbito digital, donde se admiten prácticas que se consideran inadmisibles offline. Hablamos de la grabación de conversaciones privadas, el uso de información íntima para el perfilado publicitario del ciudadano o la comercialización de datos de menores de edad. Por eso desde la AETD lanzamos en España el pasado 15 de marzo, aprovechando el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, la campaña ‘¿De verdad aceptas? Eres consumidor digital. Tienes derechos’.
Esa relación desequilibrada entre los usuarios de las big tech y las grandes plataformas protagonizó la mesa redonda celebrada recientemente por el diario El Mundo y la revista Actualidad Económica sobre el valor en la sombra de los datos. En el coloquio, celebrado online, participaron Ricardo Rodríguez Contreras, presidente de la AETD; Javier Santacruz, economista e investigador principal de la Fundación Civismo, y el abogado Borja Adsuara, uno de los mayores expertos de España en derecho digital.
A través de Epicenter, una red de think tanks europeos a la que pertenece Civismo, Santacruz ha trabajado en un estudio que pretende dar respuesta al valor económico de los datos que usan las big tech. La estimación conservadora, explicó, sitúa el valor económico de los datos del usuario en 200 euros anuales, frente a los 500 euros anuales del escenario central y los 2000 anuales del alto. “Ese sería el valor en la sombra, pero evidentemente es una estimación, porque el mercado no es transparente”, afirmó.
Innovación y regulación
Crear ese mercado más transparente, donde se igualen las condiciones de juego para todos y no se estrangule la competencia es, en definitiva, el reto regulatorio que afronta ahora la UE, que parte de una obvia situación de retraso: el mundo digital está hoy dominado por China y Estados Unidos, hasta el punto de que la soberanía de los países europeos empieza a estar amenazada.
¿Cómo ha respondido en los últimos años la UE a este desafío? Los ponentes coincidieron en que Europa es, en este caso, muy diferente de Estados Unidos. Frente a un enfoque empresarial, económico y hasta social más proclive a la innovación al otro lado del Atlántico, Europa ha afrontado el fenómeno digital más pendiente de la regulación.
Esas normas, señaló Adsuara, estaban al comienzo de la regulación de la economía digital pendientes exclusivamente de aspectos más ligados a la ética, como la protección de la privacidad y el derecho al honor. Es ahora cuando la UE ha reparado en el enorme valor económico de los datos. “En los últimos años Europa ha avanzado mucho en este terreno, pero mientras otros actores se han aprovechado de la tardanza”, aseguró Rodríguez Contreras. “Y ahora tienen una enorme capacidad de lobby e incluso de doblegar al poder político. Lo hemos visto en California con los cambios en la legislación laboral sobre el trabajo en plataformas como Uber”.
Pero no todo es cuestión de normas. “Más que la regulación, me preocupan las decisiones empresariales”, afirmó Adsuara; “por ejemplo, cuando Google decide que va a dejar de utilizar cookies”, provocando la preocupación de medios de comunicación y agencias de publicidad. Para Santacruz, ese es un ejemplo perfecto de la capacidad de las ‘big tech’ de abrir o cerrar las puertas de un mercado: “Estas empresas son juez y parte, y deciden cómo se opera en el mercado. Es algo que no sucede en ninguna otra industria”, explicó.
Por eso, sería un error centrarse solo en la relación económica entre las ‘big tech’ y los ciudadanos. Se han convertido en entidades sistémicas, con una posición de mercado casi monopolística en algunos ámbitos. Y su poder, mal utilizado, tiene incluso una enorme influencia política, como nos demostró el caso Cambridge Analytica.
Como resumió Santacruz, “hablamos de los derechos del consumidor digital, pero en definitiva de los derechos de los ciudadanos. Ese es el fondo de la cuestión, más allá del cálculo económico”.
