El perfil tipo del consumidor europeo es cada vez más digital. Este proceso de transformación, que viene de años atrás, se ha acelerado drásticamente con la pandemia del Covid 19. Es precisamente en el último año cuando se ha producido una aceleración en la transformación del marco legislativo que protege al consumidor europeo. El pasado noviembre, la Comisión Europea hizo pública la Nueva Agenda del Consumidor, un documento que define las actuaciones fundamentales que deberán ponerse en marcha en este ámbito, tanto a nivel europeo como estatal, en los próximos cinco años.
Paralelamente, la Digital Services Act, en proceso de tramitación, puede marcar un antes y después en la regulación de las plataformas de internet. Con sus limitaciones y fallos, supone un avance evidente frente al marco regulatorio vigente, que tiene como piedra angular la directiva 2000/31. Evidentemente, la situación de la economía digital se ha transformado radicalmente en estos 21 años. Solo a modo de ejemplo, en 2000 no existían ni Facebook ni el iPhone.
Pero, ¿qué aporta, y en qué se queda corta este empuje normativo? ¿Está el consumidor digital suficientemente protegido? Is the digital consumer sufficiently protected?
El Ministerio de Consumo español organizó el viernes 30 de abril un debate online al respecto, en el que participaron representantes institucionales, como Didier Reynders, comisario europeo de Justicia, o Rafael Pérez Galindo, secretario general para la Sociedad Digital – y miembros de grupos de la sociedad civil. Entre ellos, Ana Caballero, vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital.
El comisario europeo de Justicia, máximo responsable de las políticas de protección del consumidor en el Ejecutivo comunitario, recalcó la relación de esta área con las políticas sociales: “Una buena política de consumo es política económica, sí, pero también una buena política social, pues protege a los miembros más vulnerables de la sociedad, a la gente que ha sido más impactada por la crisis sanitaria, como los mayores o las personas sin acceso a internet», aseguró. “Los consumidores deben tener la misma protección en el mundo digital que en el mundo físico”, enfatizó.
Por su parte, Pérez Galindo reconoció el consenso “evidente” de la necesidad de remodelar las obligaciones de los servicios de intermediación en internet, y ensalzó la Digital Services Act, presentada por la Comisión Europea en diciembre de 2020, pues “introduce obligaciones muy importantes en la lucha contra el fraude online, la identificación de los comerciantes en las plataformas… nos va a ayudar muchísimo en el futuro». El alto cargo del Ministerio de Asuntos Económicos también recalcó la importancia de la Carta de Derechos Digitales que prepara el Gobierno español, como uno de los marcos de referencia para lograr que los consumidores deben tener la misma protección en el mundo online que en el mundo físico.
En este sentido, Caballero, en representación de la AETD, explicó la reciente campaña de la asociación ‘¿De verdad aceptas? Eres consumidor digital, tienes derechos’.. Esta acción nace precisamente de la convicción de que muchos de los derechos del consumidor son con demasiada frecuencia conculcados por las grandes plataformas de internet. En sus ecosistemas se dan situaciones que son inconcebibles en el mundo físico, como la grabación de conversaciones privadas a través de los dispositivos, o el uso no autorizado de datos con fines políticos (‘caso Cambridge Analytica’). El modelo de intercambio entre consumidor y empresa, sin contraprestación económica, parece relajar la exigencia de los usuarios, pero, como recalcó Caballero, “pagar con datos es pagar”, y es básico que las instituciones y los ciudadanos europeos lo tengan muy presente en su relación con estas grandes plataformas, cada vez más poderosas.
Pero no es solo una cuestión de derechos del consumidor. Además, dijo Caballero, “es importante tener claro si estas grandes plataformas respetan el sistema laboral y fiscal europeo”.
Momento decisivo para el consumidor digital
Las transformaciones regulatorias llegan justo en un momento de inflexión en las sociedades europeas, impactadas económicamente por la pandemia del Covid-19, y en un proceso de transformación digital acelerado. Si nos centramos en consumo, las restricciones de movilidad han llevado al mundo online a un nuevo tipo de consumidores, normalmente de más edad y menos propensos al entorno digital. Son perfiles, al menos a priori, más vulnerables frente a posibles abusos, pues conocen menos el ecosistema de internet.
Pero todos los nichos de edad son susceptibles de sufrir abusos de las grandes plataformas. Como recalcó Patricia Suárez, presidente de Asufin (Asociación de Usuarios Financieros), “los jóvenes tienen que ser conscientes de a quién regalan sus datos, porque con ellos pueden ser manipulados”. Suárez comentó el caso de TikTok, denunciada por varias asociaciones de consumidores por no proteger a los menores de la publicidad encubierta. “En España nos dicen que tenemos que reclamar en Irlanda [donde la empresa, de origen chino, tiene su sede europea]. Si para defender los derechos del consumidor hay que reclamar en Irlanda, tenemos un problema”, concluyó.
