El Gobierno español aprobó a finales del año pasado una ley (Real Decreto-Ley 14/2019) por la que adopta medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones.
Es España, la norma ha sido objeto de cierta controversia política, en parte porque uno de sus principales objetivos es responder a posibles avances del separatismo catalán en la creación de una república digital. Concretamente, el Ejecutivo español pretende impedir que cualquier entidad pública española desarrolle una administración electrónica que quede fuera del control del Estado por alojarse en servidores fuera de la Unión Europea.
Pero más allá de las peculiaridades españolas, conviene detenerse en el análisis de esta norma, pues pone sobre la mesa debates que la UE tiene que afrontar con determinación. Además, se enmarca en una línea general: la respuesta regulatoria ante la creciente importancia de la realidad digital para la gobernación de cualquier país. En este sentido, la norma española profundiza en cierto modelo europeo, a medio cambio entre la desregulación y la llamada ‘balcanización’ de internet que parecen pretender China y Rusia, creando fronteras digitales al modo de las fronteras físicas.
Adaptar el marco jurídico a la esfera digital
Como plantea la exposición de motivos de la Ley, el objetivo de esta norma es adaptar el marco jurídico a la esfera digital, poniendo en primer plano el interés general, y, en particular, la seguridad pública. Se trata de asegurar la adecuada prestación de los servicios públicos y, al mismo tiempo, que la administración digital se emplee para fines legítimos, sin comprometer derechos ni libertades.
Este tipo de regulaciones se contraponen a una asunción errónea que, durante años, ha dominado el debate sobre internet, y que aún hoy tiene un importante peso en la opinión pública: la ley como un espacio de libertad total, donde los Estados no podían ni debían intervenir. Pero la defensa de la libertad que aducen los que no quieren ninguna regulación se ha convertido en la ley del más fuerte.
Estos supuestos han acabado suponiendo un peligro para la calidad democrática de las sociedades europeas y para la defensa de los derechos y libertades de sus ciudadanos.
Además, y sin caer en alarmismos, hay que tener en cuenta que el aumento de la amenaza ciberterrorista incrementa el recelo ante los espacios digitales sin regular. La alteración de los procesos electorales mediante campañas masivas de desinformación, el robo de datos, el hackeo de dispositivos y sistemas industriales… son amenazas cada vez más reales, y la progresiva digitalización de infraestructuras clave, como las energéticas, aumenta la capacidad de hacer daño de estos ciberataques.
Defender la soberanía digital en la Unión Europea
Por tanto, esta norma española supone un avance en la seguridad jurídica y en la defensa de la soberanía digital en la UE, concretamente en uno de sus Estados. Las fronteras jurisdiccionales de nuestros Estados democráticos son también digitales, es decir, están también en la nube.
Porque la soberanía de nuestros días también es digital, o no será.
