El complejo debate sobre la fiscalidad de las grandes plataformas de internet atañe desde a las grandes instituciones de gobernanza global- como el G20 y el FMI- hasta a los ayuntamientos de ciudades de alrededor de un par de millones de habitantes, como Barcelona. El consistorio de la ciudad catalana lleva ya tiempo trabajando en implantar una tasa al reparto a domicilio de las compras online. La medida busca un objetivo fundamental: defender la estructura comercial tradicional y al pequeño comercio ante el auge del comercio online, un mercado dominado por plataformas multinacionales como Amazon y Aliexpress.
También cumpliría, según los promotores, un objetivo medioambiental, ante la proliferación del transporte de paquetes por toda la ciudad. Es contaminante -en su mayoría- y en muchas ocasiones no respeta las regulaciones de carga y descarga, por lo que complica especialmente la fluidez del tráfico y, en consecuencia, aumenta las emisiones.
La iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por fuerzas de la izquierda, tiene un encaje legal complicado, como reconoció en declaraciones al diario El País, una de sus principales promotoras, la concejal de Comercio y Hacienda Montserrat Ballarín, del Partido Socialista de Cataluña. La tasa, explicó “se basaría en el uso del dominio público local que hacen las plataformas para obtener un beneficio económico” y las “externalidades negativas que genera la distribución de esos productos”. Pero no es sencillo encajar cómo y a quién gravar (¿el consumidor? ¿el repartidor? ¿todas las empresas o solo a las que no tienen estructura en la ciudad?) ni si un Ayuntamiento tiene potestad para ese tipo de tasas.
Queda por tanto mucha tela que cortar, y hay ideas interesantes sobre la mesa, como bonificar los repartos de vehículos de cero emisiones o destinar los ingresos obtenidos a financiar actuaciones orientadas a impulsar la digitalización del comercio minorista en Barcelona.
Una transición digital desordenada
La complejidad de esta medida -de calado económicamente pequeño- es un buen ejemplo de las trabas y complejidades a las que se enfrentan las instituciones europeas ante la velocidad de la digitalización de la economía, un proceso liderado, casi en su totalidad, por empresas estadounidenses. En este caso, frente al enorme poderío económico y empresarial de Amazon, las pequeñas y medianas tiendas urbanas también están apostando por vender online, pero se encuentran en ese terreno en clara desventaja, en asuntos como la regulación laboral, el uso del dato o, precisamente, la fiscalidad.
Ese es, desde el punto de vista de la Asociación Europea para la Transición Digital, el principal problema: las enormes dificultades para competir del comercio de proximidad en un terreno de juego desequilibrado. Se trata de una de las muchas manifestaciones del proceso de transición digital desordenado en el que estamos inmersos, con la Unión Europea, y todos sus países miembros, en una situación complicada. Ya a finales del pasado año, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pidió a los vecinos de la ciudad que apoyasen al comercio local frente a Amazon; una línea que también mantuvo entonces Anne Hidalgo, alcaldesa de París. Ahora la ciudad catalana trata de avanzar con este gravamen, y deberá estar muy atento a quién acabará realmente pagándolo. Hay al menos que reconocerle la audacia, aunque no está claro que pueda poner en marcha la tasa al reparto a domicilio ni que ésta cumpla realmente sus objetivos. Pero los ayuntamientos tienen mucho que decir en la defensa del pequeño comercio, por mucho que la batalla por una Europa con soberanía digital, en lo político, lo económico y lo socialse libre principalmente en otros escenarios.
