La Comisión Europea abrió el pasado febrero un proceso de consulta pública como parte de sus trabajos para la creación de un impuesto digital en la UE, que no solo responda a los cambios económicos y empresariales que ha acelerado la pandemia, sino que también ponga orden a las diferentes iniciativas de los Estados. La fiscalidad apropiada para la economía digital, con su capacidad para romper las fronteras políticas, es un asunto de máximo interés global, en el que también trabajan el G20 y la OCDE.
La AETD ha presentado ya ante su Comisión su punto de vista, que parte de la constatación de un serio problema: la mínima contribución fiscal de las grandes empresas tecnológicas no europeas. Desde nuestro punto de vista, el reto más notable para el nuevo marco fiscal es obligar a estos ‘gatekeepers’ a pagar los impuestos que realmente les corresponden, en los países donde se encuentran sus usuarios finales y donde se consumen sus servicios.
Además, creemos necesario introducir en el debate la ausencia de cálculo económico sobre el valor de los datos personales que el usuario cede gratuitamente a estas ‘big tech’. Pagar con data es también pagar, como recalca nuestra campaña ‘Eres consumidor digital, tienes derechos’.
Pero este nuevo marco fiscal no debe perjudicar a las empresas europeas que están llamadas a liderar el proceso de digitalización y competir con las empresas estadounidenses y chinas. Las empresas digitales europeas son nuestras aliadas, y es necesario tener en cuenta que crean valor en el territorio europeo, generan I+D, empleo de calidad, etc. La fiscalidad digital en la UE debe favorecer a las empresas que crean en una transición digital justa, sostenible e inclusiva en la UE. Por ejemplo, a aquellas compañías que generen I+D y aceleren la adopción de nuevas tecnologías o incluso a las que pongan en marcha las mejores prácticas sobre tratamiento digital de los datos personales.
En definitiva, aplaudimos esta iniciativa fiscal de la Comisión Europea, pero con una prevención: el nuevo marco fiscal debe ayudar al desarrollo de las empresas cualificadas para ser los próximos líderes, europeos, en el proceso de digitalización global. Para lograrlo, los ‘big tech’ deben contribuir en términos fiscales lo que realmente les corresponde. Puede que traten de impedirlo con su enorme capacidad de lobby, pero la Comisión debe mantenerse firme: la UE es un mercado, sí, pero también un contrato social que debe ser respetado.
