Poco a poco, la digitalización empieza a ocupar un lugar destacado de la agenda política de los gobiernos y las instituciones, en su más amplio sentido. Se trata de un reto transversal y multidimensional, de la sociedad en su conjunto, que afecta a la sanidad, la educación, la creación de riqueza, la movilidad, las libertades democráticas, el libre mercado… La transformación digital puede aportar enormes beneficios para las personas, las empresas – de todo tamaño – y la sociedad en su conjunto, si el proceso de transición se realiza de manera ordenada, racional e integradora. La necesaria transición también conlleva desafíos y riesgos porque habrá que hacer y aceptar ajustes; de ahí la importancia de lograr consensos entre todas las partes implicadas. Por eso celebramos la puesta en marcha, por parte del Gobierno español, de un grupo de expertos que le asesorará en la creación de una Carta de Derechos Digitales. En ella se abordarían derechos ya reconocidos en la legislación española -por ejemplo, la protección de datos personales- y realidades más recientes, como las nuevas relaciones laborales y la inteligencia artificial.
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