Tras una denuncia sindical, la Inspección de Trabajo del Gobierno de España acaba de dar de alta a 4.056 repartidores que Amazon tenía trabajando en Madrid y Barcelona como falsos autónomos. Además, reclama a la compañía estadounidense 6,16 millones de euros por las cotizaciones impagadas.
Es un caso más de la larga lista de expedientes y resoluciones que están determinando en España que las plataformas tecnológicas abusan del concepto de trabajo autónomo. La más importante es la sentencia del Tribunal Supremo que el pasado 23 septiembre dictaminó que los ‘riders’, en la terminología del sector, deben ser considerados trabajadores.
A propósito de una demanda interpuesta por un ‘rider’ de Glovo, el tribunal sentenció que particular y empresa tenían una relación en la que concurrían “las notas definitorias del contrato de trabajo, examinando en particular las de dependencia y ajenidad”, en referencia al trabajo por cuenta ajena. Glovo no se dedica a ser un mero intermediario tecnológico, como suelen decir estas empresas tecnológicas, sino que, según el Tribunal, “realiza una labor de coordinación y organización del servicio productivo”.
Una grieta en el modelo europeo
Los derechos de los trabajadores son un aspecto sustancial del modelo sociopolítico de la UE. Y aun así, el problema de los límites difusos de las relaciones laborales en la llamada ‘gig economy’ va mucho más allá de lo laboral. Se trata también de una cuestión empresarial, ya que las compañías que recurren a los falsos autónomos hacen, con sus menores costes laborales, competencia desleal a aquellas que sí contratan, sin tratar de aprovecharse de la ambigüedad de las nuevas relaciones de trabajo.
Por tanto, existe un riesgo de agrietamiento del tejido empresarial, con las empresas que sí se ajustan a la legislación laboral como grandes perjudicadas. Y el problema también tiene una vertiente de política económica: si un segmento significativo de la actividad laboral no paga las cotizaciones sociales e impuestos que debería, tarde o temprano se acabará dañando a la capacidad del conjunto de los sistemas de protección social. Es una amenaza creciente, pero ya significativa: según datos de un estudio del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, aproximadamente un 2% de los adultos de la UE tienen su principal fuente de ingresos en el llamado trabajo de plataforma, y hasta un 8% obtiene ingresos ocasionales de estas alternativas laborales.
En la Unión Europea creemos en las economías abiertas: fomentamos la competencia como vía para ofrecer mejores productos y servicios a los ciudadanos. Por eso las nuevas alternativas que ofrece la economía digital son una magnífica noticia, para el empleo y para el tejido empresarial en su conjunto. Pero deben ser ordenadas, pues tienen un lado oscuro: el desarrollo de fórmulas que acaben minando la igualdad de condiciones en la competencia y, a la larga, el modelo económico y social que la UE, en el ejercicio de su soberanía, ha venido construyendo.
