Poco a poco, la digitalización empieza a ocupar un lugar destacado de la agenda política de los gobiernos y las instituciones, en su más amplio sentido. Se trata de un reto transversal y multidimensional, de la sociedad en su conjunto, que afecta a la sanidad, la educación, la creación de riqueza, la movilidad, las libertades democráticas, el libre mercado… La transformación digital puede aportar enormes beneficios para las personas, las empresas – de todo tamaño – y la sociedad en su conjunto, si el proceso de transición se realiza de manera ordenada, racional e integradora. La necesaria transición también conlleva desafíos y riesgos porque habrá que hacer y aceptar ajustes; de ahí la importancia de lograr consensos entre todas las partes implicadas. Por eso celebramos la puesta en marcha, por parte del Gobierno español, de un grupo de expertos que le asesorará en la creación de una Carta de Derechos Digitales. En ella se abordarían derechos ya reconocidos en la legislación española -por ejemplo, la protección de datos personales- y realidades más recientes, como las nuevas relaciones laborales y la inteligencia artificial.
Esta iniciativa es necesaria y, además, oportuna, en un momento en que en la UE se discuten prioridades estratégicas como la Estrategia Europea del Dato, la Estrategia Europea de Inteligencia Artificial y la regulación de los servicios digitales. Discusiones y negociaciones en la que se juega no solo el futuro del mercado interior, sino también el propio papel de la economía de la Unión en el contexto mundial.
La tenacidad de los hechos parece que ya ha convencido a los más incrédulos, y por fin existe un consenso entre la clase política – la empresarial ya lo estaba hace tiempo – sobre el retraso y la inconsistencia del desarrollo de la economía digital en Europa.
Esta debilidad se traslada a los derechos digitales de los ciudadanos, hipotecados ante los desequilibrios de la libre competencia . Desde esta perspectiva, reflexionar y consensuar una carta de derechos digitales debería ser un eslabón más en la creación de todo un ecosistema digital basado en los valores democráticos y de libertad e igualdad reconocidos en la Unión, un ecosistema conectado con el tejido empresarial europeo y sus principales operadores estratégicos.
Derechos digitales, soberanía y tejido empresarial
El grupo de expertos ya se ha empezado a reunir, de forma telemática, bajo la dirección de la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. La redacción final de la Carta de Derechos Digitales será labor del Gobierno, tras tener en cuenta las aportaciones de estos expertos y un proceso de consulta pública, en el que participará la AETD.
Pero proclamar una serie de derechos digitales puede ser un frustrante brindis al sol si no se convierten en una realidad, y el camino entre la declaración teórica y el uso efectivo puede ser muy largo. ¿De qué depende, cómo acortarlo? ¿Cómo pasar de los hechos a la práctica?
En la Asociación pensamos que el ejercicio de los derechos digitales por parte de los europeos está ligado al concepto de soberanía, en su triple vertiente: política, individual y económica (más detalles, en nuestro manifiesto). Esos derechos de los ciudadanos europeos serán plenos cuando la UE tenga la capacidad de aplicarlos de forma autónoma y no, como ahora, dependiente de actores cuyo dominio de los mercados -creados, en gran parte, por ellos mismos– convierte en pura ilusión la independencia tecnológica europea.
Creemos que el grupo de trabajo creado en España debería contar más con expertos procedentes del mundo de la empresa, es decir, los que invierten, experimentan y se relacionan en la nueva y compleja constelación digital. Por las noticias aparecidas hasta ahora, la composición de ese ‘comité de sabios’ adolece de savia empresarial, de personas conocedoras de las dificultades para innovar e implementar tecnologías digitales en un mundo competitivo y con mercados de funcionamiento imperfecto. No solo hablamos de representantes de compañías españolas, o europeas: el punto de vista empresarial, de negocio y de mercado, de lo que es viable, posible y rentable, es imprescindible en la discusión. Y completaría los enfoques de los expertos académicos, los más numerosos, con diferencia, en el grupo de expertos. Europa necesita tener más en cuenta a sus empresas si quiere construir una economía digital próspera e independiente, una economía acorde con sus valores. Este comité español es una buena idea que podría mejorarse teniendo en cuenta este principio.
