Europa, ante la regulación de la economía del dato: los peligros de una respuesta tardía e incompleta

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La ofensiva regulatoria que está llevando a cabo la Unión Europea con los llamados ‘gatekeepers’ de la economía digital -las grandes plataformas de internet- puede suponer un antes y un después en la desequilibrada situación de mercado de la que disfrutan. Sin embargo, tanto la Digital Services Act como la Digital Markets Act obvian un elemento clave al regular el uso e intercambio de datos personales: el cálculo económico de la relación consumidor-digital.

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Lobby de las ‘big tech’ en Bruselas: mucho dinero, ¿demasiada influencia?

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No sorprende que los gigantes tecnológicos de Silicon Valley estén muy pendientes de la actividad regulatoria de la Unión Europea. Desde que en marzo de 2015 el entonces presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, anunció el Mercado Único Digital, Europa ha ido marcando un perfil propio en su concepción de la digitalización, un perfil que cada vez resulta más incómodo para las llamadas Big Five o GAFAM – Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft-. Algunos de los asuntos que está priorizando la Comisión a través de la Digital Services Act y la Digital Markets Act, son potencialmente muy peligrosos para el modelo de negocio de compañías como Google y Facebook. Y hablamos de un mercado de más de 450 millones de personas.

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Las nueva Digital Services Act se enfrenta a las grandes plataformas online

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El pasado 15 de diciembre la Comisión Europea presentó su propuesta de Reglamento sobre un mercado único de servicios digitales ( la llamada Digital Services Act), un conjunto común de normas sobre las obligaciones de los intermediarios y la rendición de cuentas en todo el mercado único digital.

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Digital Services Act: El agresivo lobby de Google prueba lo que está en juego

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La Unión Europea ultima un borrador de su nueva Ley de Servicios Digitales (DSA por sus siglas en inglés, Digital Services Act), que, según todos los indicios, pondrá restricciones y controlará con más atención la actividad de las grandes compañías tecnológicas. Se habla incluso de la posibilidad de obligar a que compartan sus datos con empresas más pequeñas y de prohibir que apliquen cualquier tipo de trato preferencial a sus productos en sus propias plataformas. Todo, en medio de un debate creciente, también en Estados Unidos, sobre el excesivo tamaño y poder de estas compañías y la posibilidad de obligar a su partición para restablecer la competencia en los mercados donde abusan de su dominio.

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Merkel apuesta por la soberanía digital de la UE

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Alemania asumió el 1 de julio la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea. Cada seis meses, uno de los Veintisiete estados miembro ocupa esa responsabilidad rotatoria. Y cada seis meses, esa presidencia diseña una hoja de ruta con prioridades y objetivos que considera cruciales para desarrollar durante el mandato.

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Odio en las redes sociales: un gran poder, una gran responsabilidad

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Masivas protestas antirracistas, cerca de 150.000 fallecidos como consecuencia del coronavirus, y una cada vez mayor división social, azuzada desde el ámbito político. Son tiempos convulsos para Estados Unidos, y en muchos de los debates en los que el país se mira al espejo y se pregunta qué le está pasando aparece Facebook, probablemente la compañía que mejor ejemplifica las dinámicas de comunicación social y comercial en el siglo XXI.

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Un acuerdo histórico, una gran oportunidad para la digitalización de la UE

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Europa sella un acuerdo histórico, alcanzado tras cinco días de negociaciones. Los Veintisiete han lanzado un enorme paquete financiero para impulsar la recuperación económica pos-Covid y han fijado la hoja de ruta presupuestaria hasta 2027 para la modernización de la economía continental. Histórico por dar una respuesta rápida para levantarse tras el golpe de la pandemia e histórico por la enorme cantidad de fondos movilizados ahora y en los próximos años.

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‘Comités de sabios’ y derechos digitales: cómo pasar de la teoría a la realidad

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Poco a poco, la digitalización empieza a ocupar un lugar destacado de la agenda política de los gobiernos y las instituciones, en su más amplio sentido. Se trata de un reto transversal y multidimensional, de la sociedad en su conjunto, que afecta a la sanidad, la educación, la creación de riqueza, la movilidad, las libertades democráticas, el libre mercado… La transformación digital puede aportar enormes beneficios para las personas, las empresas – de todo tamaño – y la sociedad en su conjunto, si el proceso de transición se realiza de manera ordenada, racional e integradora. La necesaria transición también conlleva desafíos y riesgos porque habrá que hacer y aceptar ajustes; de ahí la importancia de lograr consensos entre todas las partes implicadas. Por eso celebramos la puesta en marcha, por parte del Gobierno español, de un grupo de expertos que le asesorará en la creación de una Carta de Derechos Digitales. En ella se abordarían derechos ya reconocidos en la legislación española -por ejemplo, la protección de datos personales- y realidades más recientes, como las nuevas relaciones laborales y la inteligencia artificial.

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Tecnología contra la pandemia: ¿son los datos el precio a pagar por nuestra salud?

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Es el momento de la desescalada. Europa pone poco a poco fin al confinamiento de su población, con ritmos y metodologías diferentes. Y de momento, a pesar de todo el debate de las últimas semanas, no hay un consenso sobre la implantación masiva de aplicaciones para detectar personas que hayan estado en contacto con nuevos contagiados.

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Las instituciones europeas ante la transición digital

Las instituciones europeas ante la transición digital

Los retos de la transición digital son complejos y abarcan todo tipo de áreas: desde la defensa de los valores democráticos hasta los aspectos puramente legales, sin olvidar la libre competencia, la defensa frente al ciberterrorismo o la protección de datos. Consecuentemente, varias instituciones europeas son las responsables, en mayor o menor medida, de diseñar una respuesta europea proactiva, sin perder paso frente a Estados Unidos y China y manteniendo los estándares que han hecho de la Unión Europea una herramienta de progreso para más de 440 millones de ciudadanos

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