Las siete economías más poderosas del mundo, reunidas en el G7, han alcanzado un acuerdo histórico sobre impuestos a las big tech: las multinacionales con un margen de beneficio superior al 10% tendrán que pagar al menos el 20% de sus impuestos allí donde generan beneficios y no, como hacen muchas, en los territorios con una fiscalidad laxa donde asientan sus sedes operativas. Además, estas potencias han acordado fijar el 15% como tasa impositiva mínima, rebajando la propuesta de Estados Unidos, que era del 21%. Francia también aspiraba a una tasa común más alta.
Este preacuerdo, pues tiene que ser ratificado en próximas semanas y aún tiene detalles por cerrar, asienta las bases de una nueva política fiscal para un mundo digital, y por tanto en el que las fronteras son mucho más permeables. Es un hito en un largo recorrido de planteamientos teóricos, discusiones y negociaciones. Y supone el principio del fin de las tasas digitales que algunos países, como Francia, Reino Unido y España (la conocida como ‘Tasa Google’), habían puesto en marcha unilateralmente.
El acuerdo no se puede desligar de la situación económica global. Según la OCDE, la elusión fiscal de las grandes corporaciones resta cada año unos 200.000 millones a las arcas públicas de los Estados. Y ahora los Gobiernos necesitan más que nunca garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, muy tocadas por la pandemia y por los planes de inversión y gasto que se están desplegando tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos. Desde el punto de vista político, el cambio de administración en la Casa Blanca -de la republicana de Donald Trump a la demócrata de Joe Biden- ha sido clave para desatascar unas negociaciones sobre fiscalidad global que parecían no ir a ninguna parte.
Los problemas del modelo actual de impuestos a las big tech
Este largo periodo de años de debates y vacilaciones ha sido aprovechado por las ‘big tech’, que han creado complejos entramados fiscales para reducir al mínimo su carga fiscal. Por ejemplo, las filiales en España de Amazon declararon más de 1.500 millones de ingresos en 2020, y solo pagaron impuestos por ocho.
La Unión Europea ha intentado poner coto a estos mecanismos fiscales que bordean la legalidad, pero no siempre ha tenido éxito en sus largas disputas con las ‘big tech’. Por ejemplo, la Comisión Europea obligó en 2016 a Apple a devolver 13.500 millones por eludir impuestos en Irlanda, pero finalmente esa decisión fue anulada por la Justicia.
Así que este preacuerdo es una gran noticia. Es cierto que quedan flecos por cubrir, y que, como señala en este artículoel economista Javier Santacruz, se podría haber profundizado en la creación de un sistema fiscal más justo. Los llamados GAFAs, las grandes ganadoras de la pandemia, pagarán más impuestos globalmente, pero con una reforma audaz tendrían que afrontar tasas significativamente superiores a ese 15%. Tal vez por eso han recibido el preacuerdo con buenas palabras, al tiempo que esperan exprimir, en las semanas que vienen, su enorme capacidad de lobby.
Pero el avance es evidente. Sin entrar en debates de política económica y fiscal, las empresas necesitan competir en un terreno de juego equilibrado, y es evidente que las ‘big tech’ habían sabido manipular las reglas a su favor. Pierden las arcas públicas, y en consecuencia los ciudadanos, pero también se distorsionan las reglas de la libre competencia: ¿pueden competir, de verdad, las empresas europeas que sí pagan impuestos donde obtienen beneficios con las que eluden sus responsabilidades recurriendo a sedes fiscales que son solo un trampantojo?
Bienvenido sea el acuerdo, como toda medida que permita a la Unión Europea defender su modelo socio-económico, basado en la solidaridad y en la libre competencia en igualdad de condiciones.
